Han pasado 11 días desde que el terremoto golpeó al occidente de Colombia y miles de familias buscan dónde reubicarse. En Cali, una ciudad con más de dos millones de habitantes, la Alcaldía ha evaluado a fondo 920 edificaciones, de las cuales 56 colapsaron. El censo distrital ya cubre a 10.000 familias y calcula que la emergencia deja a cerca de 25.000 personas damnificadas. Muchos de ellos han dormido en albergues; en el mejor de los casos, en casa de amigos y familiares. Desde sus posadas temporales, planean las rutas para tener casa propia, así sea arrendada, pero para algunos los precios del alquiler son un nuevo obstáculo. “Está muy difícil encontrar arriendo en Cali”, cuenta Laura del Mar Villada, de 29 años. “El alquiler ha subido en todos los barrios”, dice, tras más de una semana de búsqueda.

Salió del apartamento en el que vivía, en el barrio El Limonar, el lunes del temblor. No ha podido recoger sus pertenencias. Allí vivía con su padre y su mascota, un perro llamado Melo. Su papá se ha ido con su abuela; ella está con su madre. De alquiler, pagaban 1.780.000 pesos mensuales (unos 580 dólares). “Ha sido complejo cancelar los servicios hogar que tenemos con Claro. Nos dicen que debemos esperar hasta el 8 de septiembre”, apunta en un intercambio de mensajes. “No sé por qué. Eso está inhabitable y aún no sabemos a dónde ir. Todo está carísimo”, concluye.

La misma carga de incertidumbre la narra Manuel Alejandro Molina, de 40 años. Vivía con su esposa y su hijo de tan solo tres meses en un apartamento cerca de Quintas de Don Simón, al sur de Cali, donde pagaban 2,2 millones de pesos desde diciembre. “Estamos donde mi suegra, esperando a ver qué va a pasar, porque la incertidumbre es total”, comenta. Las pocas referencias de arriendo que le han llegado muestran lo que está pasando: por casas que antes costaban 2,8 millones de pesos ahora piden hasta 3,8 millones, y apartamentos de 2,5 millones subieron a 3,2 millones, según ha referenciado en el norte de la ciudad.

Andrés Giraldo, profesor de economía en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, advierte que cualquier alivio podría tardar. En el muy corto plazo, dice, puede haber “un aumento muy brusco [de precios] que combina escasez de oferta y especulación”. Pero el problema puede extenderse en el tiempo: “La mejora o el aumento de la oferta no son rápidas, se va a demorar con el proceso de reconstrucción”, acota. Por eso, sugiere, es posible que en el mediano plazo haya una corrección en donde los precios resulten más altos que los anteriores al terremoto por la caída de la oferta.

Es lo que sienten los agentes inmobiliarios, que narran un repunte de solicitudes para buscar alquiler. Harold Andrés Millán, abogado y asesor comercial de Convivo Inmobiliaria, en Cali, destaca el aumento de demanda. “Muchas personas están buscando al mismo tiempo”, dice, y explica que los propietarios que administran su apartamento por cuenta propia están pidiendo entre 25% y 30% más que antes del sismo. En los inmuebles que gestiona su empresa, dice, “en ningún momento” ha subido el canon. Para él, la posible especulación se concentra en el mercado informal y subraya un patrón geográfico: en el corredor de los colapsos, en Cuarto de Legua, por ejemplo, la oferta y la demanda caen por igual, apagadas por el miedo a derrumbes, incluso en las unidades que han quedado intactas. Al norte de la ciudad, destaca, es donde más suben los precios.

Un análisis más detallado lo ha compartido con EL PAÍS Sebastián Súlez, economista y exsecretario de Hacienda de Jamundí. Sus datos juntan avisos de arriendo de 16 portales e inmobiliarias en 63 barrios de Cali, con corte al 19 de agosto, que contrasta con una fotografía parcial de precios del 9 de agosto, un día antes del sismo. Así, es posible comparar el antes y el después en algunos barrios. Son precios pedidos por los arrendadores, aclara Súlez, no los montos finalmente pactados.

En los 11 barrios que pudo comparar, Súlez encuentra un mercado dividido. Seis bajaron de precio, uno se mantuvo igual y cuatro subieron. Bellavista, en la zona de clase alta del oeste de la ciudad, es el caso más marcado, con una mediana que pasó de 4,1 a 4,8 millones de pesos, un alza de 17,1%, mientras el apartamento más barato de la muestra se saltó de 1 a 2 millones de pesos. En Ciudad Meléndez, en la zona del sur donde se concentró buena parte del daño, los precios cayeron un 6,3% de una semana a otra. La explicación, sugiere Súlez, está en el mapa del daño. Los análisis técnicos ubican la mayor concentración de afectaciones en la comuna 19, donde cerca de 200 edificaciones podrían terminar demolidas, y eso convierte a la vivienda intacta en un bien escaso en ciertos sectores.

Su análisis no muestra una ciudad entera encareciéndose, sino focos puntuales de escasez. “El resultado [donde sube el precio] es coherente con la denuncia que hizo el alcalde Alejandro Eder pocos días después del terremoto, cuando afirmó que en algunos lugares se estaban registrando cánones de hasta el doble y solicitó al Gobierno Nacional congelar temporalmente los arrendamientos”, agrega el experto. También destaca que la presión sobre el arriendo en Cali viene de antes. Un estudio del portal inmobiliario Fincaraíz publicado en julio mostraba que casi 7 de cada 10 búsquedas de vivienda en la ciudad eran para arriendo. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE muestra que, durante 2025, 4 de cada 10 hogares colombianos vivían en arriendo, la proporción más alta desde al menos 2019, mostrando una tendencia alcista.

Para quienes aún no saben qué hacer con un contrato en un edificio dañado, la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas, publicó una guía. “El sismo no genera por sí mismo la terminación automática de los contratos”, aclara el gremio, ni exime al inquilino de pagar el canon. Pero si la vivienda queda inhabitable, “el Código Civil sí permite pedir la terminación del contrato”, y si el daño es parcial, las partes pueden negociar una rebaja en lugar del final del arrendamiento. La reparación, en cualquier caso, corre por cuenta del propietario cuando el daño viene de un hecho de fuerza mayor. Cualquier acuerdo debe “formalizarse por escrito”, insiste Fedelonjas en un comunicado compartido con este diario.

Pero saber qué dice la ley es solo el primer paso. El siguiente depende del dinero, y ahí el alcalde reconoce un vacío. “Para la clase media no hay suficientes programas de apoyo. Este es el momento para pensar en ellos”, dijo Eder el miércoles, en referencia a familias como las de Molina o Villada. Ese vacío, advierte Jhon Castañeda, director de programas de la oenegé Ayuda en Acción, no se cierra en una semana. El error más común en crisis como esta, dice, es que la atención se concentre en los primeros días y se diluya cuando las familias más la necesitan. Molina lo pide en sus propios términos: subsidios de arrendamiento “durante tres a seis meses”, algo que ya ha anunciado el presidente Abelardo de la Espriella que formará parte del programa de reconstrucción que aún no inicia. El afectado también pide que alguien le explique “cómo deshacer el contrato de arrendamiento, o si puedo conseguir un subsidio, dónde lo pido”. Incluso va a algo más elemental: “La gente necesita que la escuchen. No se trata solo de dinero. Pediría más cuidado con todos los afectados”.