El próximo Gobierno promete revivir el cuestionado escuadrón policial, dejando atrás la priorización del diálogo en el manejo de las movilizaciones.

VALENTINA PARADA LUGO

10 JUL 2026 - 13:00 GMT+9

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Colombia lleva décadas —o quizás toda su historia— intentando privilegiar las alternativas dialogadas a los conflictos sobre el uso de la fuerza. El Gobierno de Abelardo de la Espriella, sin embargo, ya deja ver un cambio de visión frente a la protesta social: el anuncio de revivir el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la unidad policial más señalada por abusos en la historia reciente del país. No es el único retroceso frente a las alternativas que se construyeron, no sin resistencia, tras los episodios de violencia estatal del estallido social de 2021, pues también están en la mira los mecanismos de diálogo social nacidos entonces. Y todo ello ocurre en un escenario en el que la oposición apunta a las movilizaciones sociales como forma fundametnal de hacer oposición el Gobierno entrante.

El próximo 7 de agosto, el día que Colombia estrenará Gobierno de ultraderecha, De la Espriella ha prometido firmar casi un centenar de decretos para imponer sus cambios. Uno de ellos, según el general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa designado, es eliminar la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Esa unidad de siglas impronunciables es la que, desde hace tres años, reemplazó al cuestionado Esmad luego de los señalamientos de uso desproporcionado de la fuerza, disparos y asesinatos a manifestantes del estallido social.

La creación de esa unidad no fue un capricho del saliente Gobierno de izquierda, sino la respuesta —tardía y parcial— a una orden judicial. En septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia encontró que el Esmad actuaba de manera “sistemática, violenta y arbitraria” contra los manifestantes, y ordenó al Ejecutivo reestructurar por completo sus protocolos de intervención en las protestas. Dos años después y ya en el poder, el saliente presidente Gustavo Petro convirtió su mandato en una de las tantas banderas de su Gobierno. Cambió el nombre del escuadrón y, sobre todo, su doctrina: desde entonces sus miembros deben privilegiar el diálogo antes que el uso de la fuerza para disipar protestas y bloqueos. Lo que antes era la orden general pasó a ser el último recurso.

Aunque el nombre “Esmad” sigue instaurado en la memoria de los colombianos, y los oficiales que lo integran preservan su identidad visual de overol antiflama negro, casco antimotines, protector corporal y escudo blindado, el cambio fue notorio. El Ministerio de Defensa ha presentado entre sus logros del cuatrienio que la UNDMO atendiera 12.994 llamados y que en apenas 258, un 2%, usara la fuerza. Camilo Mendoza Zamudio, investigador de la oenegé Temblores, señala que se redujo un 68% del uso de la fuerza en escenarios de protesta social durante este Gobierno. “Los eventos de protesta están volviendo a aumentar, mientras las intervenciones o veces en las que la UNDMO hace uso de la fuerza siguen bajando”.

Ahora, el Gobierno entrante se dispone a revertir el cambio y devolver al escuadrón su vocación de choque y contención por la fuerza. Para el militar, durante el mandato progresista los policías quedaron “de manos atadas”, sin poder actuar. Eso pese a que el investigador Mendoza advierta que los miembros de la UNDMO han visto los beneficios de evitar la confrontación. Explica que los blinda jurídicamente, y que muchos de ellos se han apropiado de la nueva doctrina. “La pregunta que termina siendo más relevante es quién termina decidiendo en terreno que una expresión de protesta es pacífica o no”, añade.

Mendoza advierte que el regreso de ese escuadrón no solo abre un riesgo concreto de repetir los episodios que llevaron a la Corte Suprema a intervenir: el uso desproporcionado de gases lacrimógenos, las armas menos letales mal empleadas o las detenciones arbitrarias. “Derogar estos avances normativos revertiría este efecto, pues elimina una instancia que ha demostrado ser efectiva para reducir las veces en las que se usa la fuerza y, por ende, la posibilidad de cometer violaciones a los derechos humanos”, explica. De la Espriella ha contemplado, incluso, militarizar las ciudades en contextos de convulsión social.

Tras las elecciones, el nuevo Gobierno ha matizado su discurso para afirmar que la protesta, un derecho constitucional, será garantizada siempre y cuando sea pacífica y no altere otros derechos. Es lo mismo que han argumentado todos los Gobiernos; ninguno, ni el más señalado por sus excesos, ha defendido públicamente el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos.

Para Mendoza, la complejidad nace de entender lo que se considera pacífico, un cambio conceptual que suele tardar tiempo en arraigar entre las filas policiales. “La implementación de estas normativas ha implicado, entre otras cosas, la creación de equipos especializados, cambios en la formación, capacitación y entrenamiento del personal y la interlocución constructiva con otros actores estatales y de la sociedad civil involucrados en los contextos de protesta social”.

El anuncio del regreso del Esmad se suma a otra propuesta que más ha generado callo: la creación de los “bloques de defensa para la seguridad ciudadana”, con los cuales De la Espriella espera frenar las extorsiones, los homicidios y los robos en las principales ciudades. Aunque el ultraderechista no ha dado detalles de cómo funcionarán, el fantasma del paramilitarismo ha comenzado a rondar.

De hecho, los dos anuncios han estado en el corazón de los argumentos que ha expuesto el excandidato presidencial Iván Cepeda para calificar a su opositor de querer configurar “un Gobierno paramilitar”. “El país sabe que el Esmad fue un cuerpo creado con el único fin de desatar toda clase de acciones violentas, especialmente contra la juventud, y que alcanzó un tenebroso récord de violación de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, práctica de tortura y violencia sexual, e intento de asesinato como la práctica de provocar intencionalmente lesiones oculares a jóvenes que ejercieran su derecho a la protesta social”, ha dicho desde un ya repetido atril, similar al de las alocuciones de un presidente.

El debate sobre la protesta social es de larga data, pero lo marca un antecedente reciente. En 2021, el país vivió el estallido social más grande en medio siglo. Lo que comenzó como un rechazo a una reforma tributaria del presidente de derecha Iván Duque terminó convertido en una protesta prolongada contra la desigualdad, el manejo de la pandemia y los abusos de la Fuerza Pública. La represión dejó decenas de muertos, la mayoría a manos de la Policía, y puso al país en la mira de organismos internacionales de derechos humanos. De esas jornadas nacieron, no sin resistencia, los mecanismos de diálogo social que hoy busca desmontar el Gobierno de Abelardo de la Espriella.