A lo largo de este documento se propone comprender la generación de demanda social a favor del derecho al cuidado como un entramado de relaciones sociales, de poder y de movilización política, imprescindible para la implementación de políticas públicas de cuidados y/o la instalación de sistemas integrales de cuidados, así como para la comprensión del cuidado como un derecho humano. Con base en el reconocimiento del Estado como garante de este derecho, lo anterior implica: la construcción de nuevos sentidos comunes en torno al cuidado como trabajo y como pilar central del bienestar; la reorganización del cuidado basada en la corresponsabilidad social y de género; y el establecimiento de mecanismos de exigibilidad que involucren a diversos actores sociales que promuevan e impulsen la asignación y ejecución de recursos públicos, que a su vez puedan ser evaluados para su impacto.