La decisión llega tras la muerte de al menos cuatro adolescentes en ataques aéreos ordenados en las primeras tres semanas del Gobierno

Elementos del Ejército de Colombia en Guaviare, en una imagen de archivo.Pacific Press (LightRocket via Getty Images)

Una jueza de Bogotá ordenó este jueves al Estado suspender los bombardeos contra objetivos en los que exista información sobre la posible presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por los grupos armados ilegales. La decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá se da al admitir una tutela presentada en nombre de los menores que se encuentran en zonas donde podrían ser alcanzados por operaciones aéreas de la Fuerza Pública. La orden está dirigida a la Presidencia, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares quienes, mientras la jueza toma una decisión de fondo, deberán abstenerse de realizar ataques aéreos. Antes de hacerlo, además, deberán verificar qué medidas pueden tomar para proteger a los menores y establecer si existe una alternativa menos lesiva.

En sus primeras tres semanas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha realizado tres bombardeos. El primero, apenas tres días después de la posesión del mandatario, se ejecutó en la noche del 10 de agosto contra estructuras del ELN en la subregión del Catatumbo; el segundo, el 27 de agosto, contra las disidencias de alias Calarcá Córdoba en el Guaviare, bajo el nombre de Operación Amón; y el tercero, con el nombre de Azarías, el 30 de agosto, contra las disidencias que lidera Iván Mordisco, en el mismo departamento. Las autoridades han confirmado que al menos cuatro menores de edad han muerto en los dos primeros operativos, así como uno de los hombres que De la Espriella ha priorizado como blancos de las acciones.

A pesar de la presencia de adolescentes, el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, ha defendido los operativos. El también político ha argumentado que los hombres bajo su mando cumplieron con todos los estándares legales exigidos para un ataque aéreo, tanto en su planeación como en su ejecución, y que los adolescentes fallecidos se encontraban en lo que las Fuerzas Militares llaman “función continua de combate”, la categoría con la que un integrante de un grupo armado, sin importar su edad, pasa a ser considerado objetivo militar legítimo.

La muerte de menores en medio de bombardeos no es un fenómeno nuevo en Colombia, ni es uno intrascendente. Según cifras de Medicina Legal, durante el Gobierno de Iván Duque murieron 42 niños, niñas y adolescentes en operaciones militares, en lo que en su momento fue un fuerte debate público que llevó incluso a la renuncia de uno de sus ministros de Defensa, Guillermo Botero, cuando avanzaba una moción de censura en su contra. Durante el gobierno de Gustavo Petro, fuerte crítico de esas operaciones bajo su antecesor, la cifra aumentó a 62. Algunos de los casos más polémicos fueron la muerte de ocho menores que murieron en un ataque en Caquetá, en 2019, la que provocó la salida del entonces ministro Botero, y los al menos siete adolescentes muertos en Guaviare en 2025, tras un bombardeo ordenado por Petro.

En su decisión, el auto de admisión de la acción de tutela presentada por el abogado Ower Jimmy Borda como agente oficioso de los menores que pueden estar en riesgo, la togada recordó a las autoridades los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y las obligaciones de protección de la niñez en el contexto del conflicto armado. La medida no suspende todos los bombardeos de manera general, sino específicamente las operaciones contra objetivos en los que exista información sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados.