En medio del recrudecimiento de la violencia en Colombia, cuatro soldados murieron y otros tres resultaron heridos tras entrar a un campo con explosivos improvisados instalado por las disidencias de las extintas FARC comandadas por alias Calarcá Córdoba. Los soldados, adscritos a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, de la Fuerza de Tarea Omega, “murieron tras la activación de explosivos improvisados instalados en la vereda Buenos Aires, de San José del Guaviare, cuando adelantaban operaciones militares”, según ha confirmado el Ejército.

La institución ha entregado los nombres de los fallecidos: Anderson Gasca Álvarez, Emerson Danilo Carantón Buitrago, Francisco Javier Bello Arteaga y Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia. “Expresamos nuestras condolencias a las familias, amigos y compañeros de nuestros #HéroesPorSiempre. Actualmente, el despliegue de las tropas continúa en el sector”, ha añadido el Ejército a través de un mensaje divulgado en sus redes sociales. Debido a las difíciles condiciones de acceso a la zona, los tres soldados heridos fueron traslados en helicópteros hacia centros asistenciales.

De acuerdo con la información oficial, los explosivos fueron instalados por el Bloque Jorge Suárez Briceño, una estructura criminal clasificada como Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) surgida de las disidencias de las FARC-EP y comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, quien se apartó de los acuerdos de paz de la Habana, pero quien luego se incorporó a los diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro. Su nombre vuelve a figurar en los titulares luego de que el frente 36 de las disidencias, comando por él, asesinara a Mateo Pérez Rueda, un reportero de 25 años que dirigía su propio portal de noticias independiente, El Confidencial, y quien hacía reportería en la zona rural del municipio de Briceño, al norte de Antioquia, en otro punto cardinal del país.

El crimen del reportero, que revive viejos temores sobre los riesgos de informar en Colombia, también ha generado críticas a la política de paz total del presidente, quien ha insistido en dialogar con Calarcá. Tras la noticia de la muerte de Pérez Rueda, el mandatario ha salido a exonerar al comandante guerrillero. De acuerdo con Petro, el responsable de la muerte del comunicador no es Calarcá sino Jhon Edison Chalá Torrejano, del frente Darío Gutiérrez, un grupo dividido del frente 36, que hoy está fragmentado en diversas estructuras delincuenciales. “Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el Gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, explicó.

En ese mismo departamento las disidencias de Calarcá ya habían propinado el mayor golpe a la fuerza pública ocurrido durante este mandato. En agosto de 2025, en la zona rural del municipio de Amalfi, al nordeste antioqueño, también miembros del frente 36 lanzaron un cilindro bomba contra un helicóptero Black Hawk de la Policía y lo derribaron, causando la muerte de 14 uniformados. Calarcá explicó que no había sido un ataque planeado, sino un efecto de los combates en la zona entre sus hombres y el Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico del país. Después del ataque, Petro defendió su permanencia en la mesa de diálogo, y arremetió contra el Estado Mayor Central de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y el Clan del Golfo, sobre la que dijo “serán consideradas organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier lugar del mundo”.

La disputa por el Guaviare

En medio de un conflicto cada vez más atomizado, en el que los grupos armados se propagan como un pulpo y se disputan entre ellos las economías ilegales, es cada vez más difícil para el Estado ejercer el control territorial o negociar con todos ellos de forma simultánea, como lo plantea la política de paz total. Guaviare es una de esas zonas en disputa. Este departamento del suroriente del país es la puerta de entrada a la selva amazónica, donde se gestan corredores estratégicos para el narcotráfico, la explotación ilegal de madera y las rutas hacia las fronteras de Perú y Brasil.

En él hacen presencia tanto las disidencias comandadas por Calarcá Córdoba como las de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como Iván Mordisco, enfrentadas entre sí por el predominio en el sur del país y por sus diferencias respecto a las negociaciones con el Gobierno. Calarcá ha decidido permanecer en la mesa, mientras que Mordisco mantiene una guerra abierta contra el Estado, y se ha convertido en el criminal más buscado del país, con una recompensa de 5.000 millones de pesos (más de un 1′300.000 dólares).

Uno de los episodios más sangrientos en el marco del conflicto en el Guaviare se registró el pasado mes de enero, cuando los cuerpos de 26 personas fueron encontrados en el municipio de El Retorno. Lo que inicialmente parecía un choque entre ambas disidencias fue tomando los tintes de una masacre. La Fiscalía ha hallado indicios que apuntan a que todos fueron asesinados en estado de indefensión, y que pudieron haber sido envenenados, pues las víctimas no estaban armadas al momento del ataque, y presentaban tiros de gracia. Los asesinados pertenecían al llamado Estado Mayor Central (EMC), comandado por Mordisco, y entre ellos había cuatro menores de edad y tres mujeres oriundas del departamento del Cauca, otra zona asolada por el conflicto. Los hechos, que apuntan a la disidencia de Calarcá, aún son materia de investigación.