Con la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, tras meses huido de la justicia mexicana, y estando su hermano Manuel Roberto y el capitán Climaco Aldape Utrera en una prisión federal desde septiembre de 2025, queda solo una pieza mayor por capturar de la acusación original de la red de contrabando de combustible integrada por marinos, empresarios y funcionarios: Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta retirado, apodado Capitán Sol. Mientras la justicia argentina tiene unos 60 días para decidir si extradita o no a Farías Laguna, que ha pedido asilo político argumentando que su vida en México corre peligro, el paradero de Capitán Sol, clave en la investigación de la fiscalía mexicana, es una incógnita.

Considerado como uno de los principales operadores de la red de huachicol fiscal, de acuerdo al testimonio del testigo protegido identificado como Santo— un capitán que participó en la trama— , se señala que Solano Ruiz tenía como función cooptar marinos retirados y en activo para participar de esta organización criminal. Supuestamente, usaba sus influencias para colocar a ese personal en lugares clave de aduanas marítimas como Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía General de la República, se coordinaba con los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, para influir “dentro de la Agencia Nacional de Aduanas y de la Secretaría de Marina, a través de comunicaciones telefónicas, mediante actos de corrupción o dádivas que éste daba a servidores públicos”.

Capitán Sol no es su único alias. A lo largo de la investigación y en las diferentes pruebas documentales se le identifica como NK, MK, KM o Mike, y es señalado como uno de los líderes principales de esta red de corrupción. Como datos biográficos se señala que nació en 1978 en el Estado de Veracruz y que, tras una carrera en la Secretaría de Marina donde ocupó puestos relacionados con la inteligencia y el cuartel general del Alto Mando, se retiró como capitán de corbeta en febrero de 2018.

“Posteriormente, NK se comunicó indicándole que lo contactaría otra persona de confianza, sin citar nombre. Esa persona lo citó en la Plaza Laguna, frente a la Laguna de Carpintero, quien le entregó una bolsa negra de plástico”, se lee sobre Santo en la investigación. En la bolsa encontró 1.750.000 pesos y una lista en la que venían distribuidas las cantidades que se debían repartir entre los trabajadores de la aduana de Tampico, de la que Santo era director. También le advertía que después llegarían más barcos con combustible ilegal. Este delito, conocido como huachicol fiscal, consiste en introducir en México combustible refinado en otro país, que debería pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), oculto bajo el manto de otra mercancía que no tenga ese gravamen.

La trama de tráfico de combustible, según el relato oficial, operó al menos desde abril de 2024, permitiendo la entrada de 31 envíos ilegales de combustible disfrazado como aditivos para aceites lubricantes, principalmente a través de la aduana de Tampico. Sin embargo, información de registros de entrada de los puertos de México y documentos de aduana en manos de EL PAÍS, el entramado criminal habría comenzado a funcionar por lo menos un año antes, en junio de 2023, y gestionó la entrada ilegal a puerto de un mínimo de 564 millones de litros en 69 barcos petroleros en cuatro aduanas diferentes: Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas. Los envíos comparten características como las mismas empresas exportadoras e importadoras, misma agencia naval, mismos muelles de carga en Houston, mismos lugares de desembarco.

La investigación de la Fiscalía sobre la red de los militares parte de un vídeo subido a Youtube, locutado con un generador de voz e imágenes de redes sociales, y luego integra el resto de pruebas de relevancia: el testimonio de Santo; también el de H.R.V., un trabajador con un puesto de responsabilidad en puertos; una carta del contralmirante Fernando Guerrero Alcantar que describe la estructura de corrupción; georreferencias e intervenciones telefónicas, y análisis de riqueza y sueldos de los involucrados, incluyendo datos fiscales.

En el caso de Capitán Sol, se señala que de 2020 a 2025 adquirió cuatro casas por ocho millones de pesos, y de 2015 a 2023, hay avisos a su nombre de 400 operaciones de apuestas con “pagos que sumaron la cantidad total de 52.128.239 de pesos” en efectivo. Esto se señala como una técnica clásica de lavado de dinero, que “consiste en ingresar altas cantidades de recursos ilícitos en efectivo para la compra de fichas de juego, se realiza un juego mínimo y posteriormente se solicita el reembolso mediante una transferencia o un cheque girado por la agencia de juegos de apuestas”. También hay compras de joyería de lujo, transferencias y pagos millonarios con su tarjeta.

Capitán Sol es sospechoso, además, de estar detrás de al menos tres muertes asociadas a este caso. Por un lado, la de Guerrero Alcantar, un capitán que colaboró en la trama y luego la denunció delante del entonces secretario de Marina, Ojeda Durán, el tío de los supuestos cabecillas. Fue asesinado poco después, en Colima, y se insinúa en uno de los medios de prueba que Capitán Sol podría ser el autor intelectual. En enero de 2026, el diario El Universal publicó que habría amenazado a dos marinos cuando se destapó la red, dejándoles el mensaje “tú o tu familia”. Estos eran los capitanes Adrián Omar del Ángel Zúñiga y Abraham Jeremías Pérez Ramírez. El primero murió en un accidente de tiro y el segundo, aparentemente, se suicidó.