Alejandrina Romano cuenta los días y las horas para que la Fiscalía General de la República (FGR) le entregue los restos de su hijo, Pablo Joaquín Gómez Orozco, víctima de desaparición forzada y reclutamiento tras salir de su casa una mañana de marzo de 2023 cuando tenía 17 años, en Nayarit. Ya en noviembre pasado, la FGR, que atrajo el caso a petición de la madre que denunció omisiones e inconsistencias por parte de la Fiscalía de Jalisco, trató de hacerle entrega de los restos del joven, pero la mujer constató que no todo lo que le estaban dando pertenecía a su hijo. El Comité de Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés), atrajo su caso y lanzó medidas urgentes para el Estado mexicano, pero después de ocho meses de haberse negado a recibir restos que no eran de Pablo, esta madre continúa denunciando una cadena de omisiones e impunidad que persisten: “Me tienen esperando desde septiembre del año pasado, los restos de mi hijo están localizados desde el 2023 y todavía quieren que espere más”, dice.

“Hay un desorden y un desastre porque la Fiscalía no tiene claro si los restos encontrados son de tres, cuatro o cuántas personas más”, asegura Romano, que ha explicado que en aquella primera entrega de restos la mandíbula no coincidía con el cráneo hallado y que la última vez que revisó la carpeta de su caso, en el documento no figuraba esa misma información. Al contrario, se leía que no se podía tener seguridad de que el cráneo fuera de su hijo.

Romano esperó dos meses desde que personal de la FGR en Ciudad de México le llamó, en septiembre pasado, para notificarle que los restos de su hijo habían sido finalmente identificados. El trabajo de este ministerio público federal había relevado al de Jalisco, un Estado que le negó, durante más de dos años, que su hijo se encontrara en sus registros de las morges o del Instituto Forense. Sin embargo, hace solo unos meses esa misma fiscalía de Jalisco le confirmó que los restos de Pablo Joaquín estaban en su poder desde el 14 de abril de 2023, es decir, un mes después de su desaparición. Las constantes consultas de Romano al fiscal del estado, Salvador González de los Santos, sobre los restos de su hijo, que ella misma había rastreado desde Nayarit, luego Zacatecas, hasta llegar a Jalisco, fueron respondidas durante todo este tiempo con negativas.

Sin embargo, una vez en el terreno de la FGR, las cosas no mejoraron. En un documento que Romano ha enviado al CED de la ONU como respuesta al Informe del Estado mexicano en respuesta a la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada, emitido el pasado 31 de diciembre, la madre señala: “El Estado asegura que se identificaron los restos de mi hijo, omitiendo señalar que dichos restos remitidos por parte de la FGE Jalisco estaban incompletos, mezclados y que hubo un segundo intento de que estos me fueran entregados en esas condiciones de una manera hostil y revictimizante por parte del Lic. Henrry Geovanny Nájera Villafuerte de la FGR”.

El Estado mexicano confirma que la FGR está encargada de realizar una segunda toma de muestras -que todavía no ha sido concluida- con personal especializado y refiere a una reunión celebrada el pasado 27 de noviembre como respuesta a lo solicitado por el CED y la familia, en donde se acordó, entre otras cosas, que una vez que cuenten con los resultados del procesamiento, se lo comunicarán a la familia. Además, se otorgarán medidas “adecuadas de protección” para Romano y se harán “otras diligencias”, como el análisis de contexto, búsquedas exhaustivas y líneas de investigación de los perpetradores.

En ese acuerdo la FGR también obliga a la Fiscalía de Jalisco, para que una vez que cuente con el resultado de la investigación sobre lo ocurrido con la demora en la identificación de los restos, en el Órgano Interno de Control, este tendrá que presentarlo ante la familia de Romano.

Romano Orozco, que se negó en noviembre pasado a recibir los restos presuntamente de su hijo que le fueron entregados mezclados con los de por lo menos otras dos personas, explica que cada uno de los especialistas de la FGR encargados de llevar a cabo los análisis realizó su trabajo de forma independiente, sin comunicarse entre ellos y sin trabajar en coordinación. “Cada uno dio un informe por separado, no trabajaron en conjunto, entonces, cada quien dio su resolución, por eso es que hay confusión”, explica. “Hay partes que sí dan el 99% de que puede ser mi hijo. Lo que no da es un hueso que venía duplicado, la mandíbula, y ahora la duda que me metieron es el cráneo”.

El caso de Pablo Joaquín Gómez Orozco ha sido documentado por el CED como una desaparición forzada, al cuestionar a Romano sobre esta denominación, aclara: “Claro que es una desaparición forzada porque el Estado tuvo que ver. Porque el Estado lo permitió. Desde el momento en el que ellos permiten que la delincuencia organizada opere en el país. En todo el contexto que hay en el caso de mi hijo, se habla de que se los llevan a Tala y que policías municipales los distribuían a centros de reclutamiento. Claro que es de la delincuencia organizada y el gobierno tiene conocimiento de eso, es bien sabido, no es que yo lo diga, es que está comprobado”, dice.

Gómez Orozco salió de casa en marzo de 2023, en la ciudad de Tepic, para ir a buscar trabajo. Nunca regresó. Sin embargo, logró comunicarse con su madre a través de mensajes desde una cuenta de Facebook desconocida: “Ma, ayúdame, el Cartel Jalisco es el que me tiene aquí”, le dijo unos siete días después de desaparecer. Desde entonces, Romano rastreó todo lo que pudo y tocó las puertas de las Fiscalías de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y, ahora, las de la FGR, sin que en tres años el proceso haya recibido claridad y un trato digno.

Mientras veía la transmisión por televisión del hallazgo del rancho Izaguirre, en Jalisco, Romano descubrió, entre los zapatos y prendas de ropa apiladas en montículos desordenados, los tenis de su hijo. Los que llevaba la última vez que lo vio. “Mi hijo es el vivo caso de que sí hay una problemática en México de desaparición forzada”, concluye.