Sesión extraordinaria del Senado de la República, este jueves.

El oficialismo concretó en el Senado la reforma judicial de la presidenta Claudia Sheinbaum, sofocando cualquier resistencia interna a los cambios que, de último momento, incorporaron los diputados morenistas. Así, los cuatro magistrados del Tribunal Electoral a los que se les extendió el mandato un año recibirán un “premio” adicional: la posibilidad de postularse como candidatos en la elección judicial de 2028 y quedarse en su cargo hasta el 2034. De ser electos, Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez podrían sumar más de 17 años en la Sala Superior del Tribunal, un cargo público que asumieron desde 2016.

Morena, el Partido Verde y el PT reunieron 87 votos a favor, con lo que alcanzaron la mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes) exigida para reformas constitucionales, mientras que 41 senadores del PAN, PRI y MC votaron en contra. La minuta se aprobó en lo general a las 11 de la noche del jueves, y se registraron una docena de reservas, principalmente de la oposición, que se procesarán en una sesión que se prolongará hasta las primeras horas del viernes.

La minuta de la reforma judicial llegó al Senado en la primera hora del jueves, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara tras más de diez horas de debate y con una enmienda al proyecto original de la presidenta Sheinbaum: quitar la palabra “no” en un párrafo que decía “los magistrados no podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028″. La reserva introducida a última hora por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que vuelve elegibles a los jueces electorales, fue duramente criticada por su compañero de bancada Alfonso Ramírez Cuéllar, quien consideró una “vergüenza y un ridículo nacional” permitir a los magistrados una reelección de facto. Junto con Ramírez Cuéllar, otros 21 diputados de Morena votaron en abstención la reforma y, en privado, varios senadores del oficialismo manifestaron su rechazo a este “regalo”.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su respaldo a la decisión en la conferencia mañanera, matizó las críticas afirmando que no es una extensión de mandato por 17 años, ni una reelección automática, sino un cambio para habilitarlos para participar en la elección de 2028. “Fue una decisión que toma el Congreso, no quisiera yo opinar al respecto”, dijo Sheinbaum, y con ello marcó una línea que permitió al coordinador de Morena, Ignacio Mier, sofocar cualquier intento de rebelión en la bancada mayoritaria.

Mier convocó a su grupo parlamentario a una reunión previa a la sesión del pleno y, en ella, los senadores inconformes manifestaron sus diferencias. Pero una mayoría aplastante decidió respaldar íntegra la minuta enviada por la Cámara de Diputados, bajo el argumento del tiempo, pues cualquier cambio en la Cámara alta hubiera obligado a los diputados a volver a sesionar para aprobar las modificaciones, lo que era imposible, pues el periodo extraordinario de sesiones convocado para aprobar esta reforma constitucional se estaba agotando. Además de comprometer a todos los senadores de Morena a votar en favor de la reforma, Mier les indicó que las reservas se votarían en un solo bloque, para impedir que los legisladores inconformes votaran en abstención el cambio que beneficia a los magistrados electorales.

El trámite parlamentario, sin embargo, no fue sencillo. La sesión en el pleno inició alrededor de las 5 de la tarde y, seis horas después, apenas se estaba votando en lo general. El PRI aprovechó el último debate de la reforma judicial para poner sobre la mesa el caso Rubén Rocha y acusar a la presidenta Sheinbaum de solapar a narco políticos incrustados en Morena. Y la bancada aprovechó el momento para su campaña de defensa de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos. Los panistas llegaron al salón de plenos vistiendo camisetas estampadas con la leyenda “Yo con Maru”, y llevaron otras con la leyenda “Yo con Rocha” para retar a los morenistas a vestirlas. “¿Quién va a venir a apoyar al gobernador de Sinaloa?“, desafió Ricardo Anaya, coordinador de la bancada azul, sin recibir respuesta desde los escaños del oficialismo, más que gritos y abucheos.

En primera fila, presenciaba la escena Omar López Campos, secretario del Bienestar del Gobierno de Sinaloa y suplente del senador Enrique Inzunza, quien horas antes tramitó su licencia temporal para no asistir al pleno. El senador, acusado por autoridades de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, había dicho en sus redes sociales que estaba en el Senado, pero nadie lo vio y su oficina del cuarto piso de la Cámara alta lució vacía durante toda la jornada.

El debate estuvo marcado por Sinaloa y Chihuahua, por Rubén Rocha y Maru Campos, y por la narcopolítica y el intervencionismo. Pero también por las críticas de la oposición a una reforma que busca corregir los errores de la elección judicial de 2025, y la defensa de los senadores de Morena, Verde y PT a un modelo que, según ellos, permite que el pueblo decida sobre sus jueces, magistrados y ministros.

La reforma aprobada confirma que la elección judicial programada originalmente para 2027 se mueve a 2028, y abre la puerta para que la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum, en caso de convocarse, se celebre el mismo día de la elección de jueces (domingo 4 de junio). Además, se limita el número de candidaturas que podrán postularse para cada cargo de elección, abre la puerta para simplificar las boletas electorales (que en 2025 resultaron incomprensibles para la mayoría de la población), crea una comisión para coordinar los trabajos de los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, de donde surgen las candidaturas y revive las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eliminadas en la reforma de 2024. Enmiendas que fueron defendidas por el oficialismo como “una corrección para mejorar el modelo”, y descalificadas por la oposición como “la prueba de que la lección judicial de 2025 fue un rotundo fracaso”.